La sanción de la Ley Educación Sexual Integral (ESI) en el año 2006 constituyó un hito fundamental en el proceso de ampliación y garantía de derechos en la Argentina, al establecer el acceso a la educación sexual integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
Sus principios se fundan en el fortalecimiento de vínculos basados en la igualdad y el respeto, la integralidad de biológica, psicológica y afectiva de la sexualidad, el reconocimiento de las diversidades y la construcción de instituciones educativas democráticas, inclusivas y libres de violencias.
Desde la perspectiva de la “pedagogía de la sexualidad” desarrollada por Guacira Lopes Louro, la ESI cuestiona los supuestos del currículum tradicional, desnaturaliza las formas hegemónicas de comprender los cuerpos, las identidades y las sexualidades desde la lectura crítica de los contenidos disciplinares. En términos epistemológicos, la ley se inscribe en un enfoque crítico, emancipador y decolonial, promoviendo una formación transversal sustentada en los derechos humanos, la perspectiva de género, la educación ambiental, la interculturalidad y una educación inclusiva que reconoce las desigualdades.
Sin embargo, su incorporación en las instituciones educativas continúa siendo un campo de disputas políticas, culturales y pedagógicas, en una verdadera puja para su consolidación como práctica educativa. La persistencia de desigualdades de género, las múltiples formas de violencia, la hegemonía de modelos normativos de sexualidad y las diversas expresiones de discriminación que atraviesan nuestra sociedad evidencian la necesidad de resignificar los dispositivos pedagógicos tradicionales.
En este contexto, la Educación sexual se presenta como una propuesta capaz de interpelar los marcos convencionales de producción, circulación y transmisión del conocimiento, promoviendo enfoques educativos sustentados en la perspectiva de derechos, la igualdad, el reconocimiento de las diversidades y la construcción de una ciudadanía democrática.
La ESI como espacio de resistencia
A veinte años de la sanción de la ESI, resulta necesario reafirmar que su defensa y fortalecimiento constituyen una responsabilidad colectiva. Su alcance trasciende la incorporación de contenidos curriculares específicos para configurarse como una apuesta ética, pedagógica y política orientada a la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva, comprometida con el reconocimiento y la garantía de los derechos de todas las personas.
Desde su puesta en práctica en estas dos décadas, la ESI ha contribuido significativamente a la prevención de las violencias por motivos de género, la detección temprana de situaciones de abuso contra niñas, niños y adolescentes, y la promoción de vínculos basados en el respeto, la igualdad y el cuidado mutuo. Su implementación constituye una política pública estratégica para la construcción de entornos educativos más seguros e inclusivos; esencial para la formación de ciudadanías críticas y la construcción de una sociedad más equitativa, plural y respetuosa de las diversidades.
No obstante con la llegada al poder de Mauricio Macri en 2015, sectores conservadores, liberales y religiosos le atribuyeron a la ESI un carácter ideológico, anticientificista y antinatural promoviendo la idea de “hijos como propiedad privada”. En diversos ámbitos de la esfera pública -como las redes sociales, los medios de comunicación y discursos políticos- la ley es presentada como un supuesto mecanismo de “adoctrinamiento ideológico”, una amenaza para la institución familiar y una intervención perjudicial para las infancias.
Los derechos en tiempos de la derecha
Desde comienzos de la era del presidente Javier Milei, sectores gubernamentales y otros actores sociales de ideología liberal, han impulsado una agenda denominada “educación emocional” como alternativa de la ESI. Este enfoque tiene sus orígenes en políticas de gestión orientadas en la formación y desarrollo del “capital humano” entendido como la figura funcional del mercado, signada por competencias individuales asociadas a la productividad, la adaptación y la empleabilidad.
En esta lógica, las emociones tienden a ser abordadas desde una perspectiva instrumental y normativa, mediante clasificaciones dicotómicas que distinguen entre emociones “positivas” y “negativas”, promoviendo modelos estandarizados de autorregulación individual. Esta concepción restringe las sexualidades al ámbito personal, promoviendo la censura de su abordaje en el espacio público y educativo y las relega al plano privado, contribuyendo a la construcción de subjetividades funcionales a las lógicas conservadoras dominantes.
La invisibilización de las dimensiones sociales, culturales y políticas de esta temática, responde a una racionalidad orientada a la formación de sujetos disciplinados y adaptables a las demandas del mercado laboral, priorizando la reproducción del orden económico y social de sesgo neoliberal. Esta lógica privilegia un modelo donde las relaciones de poder y las desigualdades estructurales tienden a permanecer naturalizadas, limitando el desarrollo de una ciudadanía crítica y el ejercicio pleno de los derechos.
Sin embargo, desde la perspectiva de la pedagogía crítica “toda educación es política” dado que el proceso educativo implica la transmisión, producción y debate de saberes, valores y formas de comprender la realidad, contribuyendo a la configuración de subjetividades capaces de transformar las relaciones sociales existentes. La ESI en correlato con Morgade (2011) afirma que “toda educación es sexual” poniendo en la escuela la tarea de trasmitir normas, valores, representaciones y expectativas sobre los cuerpos, los géneros, las identidades y las diversidades.
La ESI como desafío pedagógico
Para Michel Foucault (1976), la sexualidad no constituye un dato natural ni una dimensión exclusivamente privada de la experiencia humana, sino una construcción histórica signada por complejas relaciones entre saber y poder. Esta concepción permite comprender que la sexualidad se configura como un asunto de interés público, atravesado por dimensiones políticas, culturales y educativas que respetan la producción de subjetividades en la configuración de formas de vivir, experimentar y significar los cuerpos y las identidades.
La incorporación de la Educación Sexual como objeto de enseñanza en las instituciones escolares supone una práctica social y política en la que se produce, organiza y legitima sentidos y posiciones frente a la cultura, los saberes y los otros. En este marco, la perspectiva de género opera como una categoría analítica indispensable para comprender las relaciones entre cuerpo, sexualidad, poder y cultura, al tiempo que cuestiona la pretendida neutralidad de los saberes escolares, los vínculos pedagógicos y el rol de las instituciones educativas en esta tarea.
Las diferencias entre varones, mujeres y diversidades no pueden ser explicadas exclusivamente por determinaciones biológicas, sino que responden a procesos históricos, sociales y culturales que organizan jerarquías, expectativas, modos de habitar el cuerpo, distribuciones del cuidado, legitimidades y formas de reconocimiento.
Precisamente por desarrollarse en el ámbito escolar, la Educación Sexual se inscribe en el campo de la pedagogía y no del adoctrinamiento, a partir de la promoción de procesos de enseñanza aprendizaje sustentados en los principios de igualdad, no discriminación y respeto por los derechos humanos. La ESI como política transformadora concibe la escuela como un espacio de construcción colectiva de conocimientos, la promoción de derechos y la formación de una ciudadanía crítica.
Como herramienta pedagógica tiene como tarea pendiente fortalecer el cuestionamiento de las relaciones de poder que producen y reproducen desigualdades para la construcción desde las aulas, de una sociedad emancipada, diversa, inclusiva y socialmente más justa.
