Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre del 2023, Argentina ha iniciado un proceso acelerado de reconfiguración de sus estructuras estatales, sus marcos normativos y sus formas de intervención sobre el territorio. Con una velocidad inédita en nuestra historia (y también para el mundo en los tiempos que corren), se ha dispuesto la modificación, flexibilización y derogación de leyes que abarcan todo el espectro estatal. Desde la reforma laboral hasta la modificación de la ley de glaciares, desde la eliminación de controles específicos del ANMAT hasta los caprichos en la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo, es común ver casi todos los días una novedad vinculada a esta lógica que, en la sumatoria, acrecienta la vulnerabilidad de grandes franjas de la sociedad, del territorio nacional y por supuesto, de nuestros futuros.
Pero eso no es todo: al mismo tiempo que ocurre, sin resistencias efectivas, esta desarticulación planificada, el país continúa operando bajo un fuerte condicionamiento externo. El endeudamiento, lejos de desaparecer como problema estructural, sigue marcando de cerca las decisiones económicas, políticas y territoriales. Desde el acuerdo firmado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional hasta la actualidad, Argentina ha transitado distintas instancias de renegociación, reestructuración y adecuación de sus compromisos financieros sin dejar –en el camino- de contraer deuda de forma sistemática. A partir del año 2023, este condicionamiento mantiene su centralidad como motor, sostén y garante, al menos mientras escribo estas líneas, del gobierno actual.
Este panorama de desfinanciamiento, cierre y reducción, al que además se solapa la redefinición de áreas estratégicas y la recurrencia a la deuda externa, configuran en su conjunto un escenario que no puede leerse como un simple redireccionamiento administrativo que acompaña a una presunta –aunque frágil en lo estrictamente teórico- ideología política. Hay algo más profundo que está en juego. En ese contexto, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué se está gestando mientras el país sigue endeudándose? Más punzante aún, ¿a cambio de qué se construye esta actualidad?
Porque estas modificaciones no ocurren en el vacío. Siempre implican condiciones, orientaciones y prioridades. Condicionan fuertemente la capacidad que tiene un Estado de ser soberano, y no solo en su definición habitual. El presente argentino muestra profundas vulnerabilidades en lo que respecta a su soberanía ambiental, económica, alimentaria y energética, por mencionar solo algunas. Peor aún, estas condiciones parecen estar cruzando un punto de no retorno.
Empieza a delinearse una hipótesis incómoda: si reconocemos que en la actualidad asistimos a una disminución de las capacidades estatales que además converge con la erosión de los dispositivos territoriales e identitarios, ese algo que se está gestando a espaldas del pueblo puede ser tan complejo como peligroso. ¿Por qué? Porque lo que subyace a este proceso –en donde la relación entre ambas dinámicas puede no resultar evidente a primera vista, pero tampoco podemos pretender que parezca casual- implica la fragmentación territorial consensuada a no tan largo plazo.
Puede sonar ilógico, especulativo e incluso hasta –si ustedes desean- conspiranoico. Pero hay suficientes razones para pensarlo. Veamos, en los próximos apartados, algunas ideas al respecto.
Todo gira en torno al capitalismo
En las últimas décadas, el capitalismo ha atravesado transformaciones profundas que exceden su ya trillada caracterización como neoliberal o globalizado. Su expansión, al encontrar como limitante la extensión misma del planeta, ahora se ha intensificado. Esto implica el haber ampliado su alcance sobre nuevas dimensiones de la vida social, el hacer crecer exponencialmente las lógicas de oferta y demanda para mantener funcional la maquinaria de acumulación, al mismo tiempo que ha desplazado buena parte de sus dinámicas hacia lo virtual, lo financiero y lo inmaterial. Plataformas digitales, circuitos especulativos y economías basadas en datos parecen sugerir una progresiva desvinculación respecto de lo material. Sin embargo, esa apariencia convive con una dependencia cada vez más marcada de recursos concretos, territorios específicos y condiciones materiales que sostienen esa expansión.
Esta tensión entre desmaterialización aparente y anclaje material efectivo es uno de los núcleos del capitalismo contemporáneo. La infraestructura energética que sostiene lo digital, la demanda creciente de minerales estratégicos, la presión sobre tierras productivas y fuentes de agua muestran que, lejos de diluirse, la dimensión territorial adquiere un nuevo protagonismo. Lo virtual reorganiza, intensifica y vuelve más estratégico a lo material. Territorios físicos, territorios virtuales e hiperterritorios convergen en una vorágine de extracción, producción y acumulación que escapa a toda capacidad humana de abarcar y comprender el volumen operativo al que estamos expuestos.
En ese marco, la necesidad de garantizar márgenes de ganancia en contextos de creciente competencia y saturación de mercados impulsa la búsqueda constante de nuevas fuentes de valorización. Si nos detenemos a pensarlo, esto no es nuevo. El capitalismo en sí funciona bajo esta dinámica a escala global, en una fase de expansión continua que solo se detiene ante saturación y consecuente crisis, la cual solo puede ser resuelta con una transformación seguida de una nueva expansión que –por lo general- tiene como eje central la incorporación de nuevas dimensiones de extracción, mayores desigualdades y exclusiones. Pasó con el desenfreno imperialista de fines del siglo XIX, pasó con los capitales especulativos en el 29, también con el agotamiento del modelo fordista y las contrariedades del Estado Social en el 73, volvió a suceder tras la disolución de la Unión Soviética y, recientemente, con la puerta que dejó abierta otra ronda de especulación en el 2008.
En cada caso, cada situación crítica implicó la incorporación de nuevos territorios, la inversión de excedentes en lo material, la modificación de técnicas y lógicas productivas y, no menos importante, la exploración de nuevas dimensiones de explotación, como mencionamos en el párrafo anterior. Tal como plantea David Harvey, este proceso adopta la forma de una acumulación por desposesión, mediante la cual activos previamente públicos, comunes o regulados son incorporados a circuitos de acumulación. Tierras, recursos naturales, infraestructuras, marcos regulatorios e incluso los datos, la atención, nuestras actividades cotidianas tradicionalmente no mercantilizadas pasan a ser reconfiguradas para facilitar la extracción de valor en contextos donde las oportunidades tradicionales se vuelven más limitadas.
Este movimiento se complementa con lo que el mismo Harvey denomina ajustes espaciales: desplazamientos del capital hacia territorios, sectores o dimensiones donde las condiciones resultan más favorables para su reproducción. Si retomamos lo desarrollado hasta acá, veremos que en el presente estos ajustes tienden a consolidar nuevas expresiones socioterritoriales. Por un lado, renovadas geometrías de fragmentación territorial, configurando áreas de sacrificio donde se concentran dinámicas extractivas, flexibilización normativa y cesión de capacidades regulatorias. Por el otro, un entramado regulatorio que es tanto económico, político, cultural e idiosincrático y que empuja a los individuos a convertirse en consumidores/consumibles, un sujeto cuyo único interés reside en la autoexplotación y en el creciente solapamiento de carencias potencialmente autoinculpables.
De un lado y del otro el resultado es el mismo: hay territorios y hay cuerpos disponibles como áreas de sacrificio que favorecen, coyunturalmente, a un capitalismo contemporáneo que requiere cada vez más recursos, cuerpos y capitales disponibles en un tiempo donde eso, salvo que se lo obtenga de forma violenta, no abunda. La violencia, es menester aclarar, no siempre se presenta tal como la reconocemos en su definición más evidente. No se reduce a la coerción directa, al conflicto abierto o a la represión visible. También opera de manera difusa, estructural y persistente, a través de decisiones que reconfiguran condiciones de vida, restringen horizontes de posibilidad y redistribuyen de forma desigual costos y beneficios.
Es una violencia que no necesita irrumpir porque ya está inscripta en el funcionamiento mismo del sistema, en sus ritmos, en sus exigencias y en sus límites. Y es precisamente allí donde comienzan a tomar forma los consensos que, en distintas etapas, han ordenado esa relación entre capital, Estado y territorio. Consensos que además de reestructurar el pacto de dominación, suelen decidirse a espaldas de las mayorías.
Los consensos que ordenaron el territorio
Para entender el momento actual, conviene retroceder. No en clave nostálgica, como es cada vez más común ahora, sino analítica. Las últimas décadas en América Latina estuvieron organizadas por una serie de consensos -explícitos o implícitos- que redefinieron (o recondujeron forzosamente, para ser menos sutil) la forma de inserción en la economía global y el rol del Estado en ese proceso.
El Consenso de Washington: disciplina y apertura
El llamado Consenso de Washington configuró, desde fines del siglo XX, un conjunto de orientaciones que reorganizaron las economías periféricas. Ajuste fiscal, apertura comercial, privatizaciones, desregulación. La promesa era clara: estabilización macroeconómica, eficiencia e integración al mundo. Esto no era casual: en tiempos en donde el capital excedente de los nortes hegemónicos abundaba y se desvalorizaba ante el creciente desarrollo de las áreas periféricas, las urgencias por “poner a trabajar” ese capital llevaron, tras la crisis del petróleo y la puesta en marcha del neoliberalismo a fuerza de sangre en Chile y Argentina -entre otros-, a abrir canillas de financiamiento tan innecesario como interminable.
En términos socioterritoriales, este proceso implicó una reconfiguración profunda. Empresas públicas fueron transferidas al sector privado, infraestructuras estratégicas cambiaron de manos y el Estado redujo su capacidad de intervención directa en múltiples áreas. Se desmanteló el aparato industrial y se desarticularon poco a poco todas las regulaciones, prestaciones, derechos y obligaciones del Estado Social. Una vez generada la asimetría estructural con los centros de poder, y con el endeudamiento calando hondo en los presupuestos estatales, el condicionamiento de las políticas como garantía de pago no se hizo esperar.
Llegado el Consenso –que en nuestro país acompañó las dos presidencias de Carlos Saúl Menem y el truncado gobierno de Fernando De la Rúa- el ajuste aplicado constituyó un proceso inédito para nuestro país en materia de transferencia de recursos hacia los grandes grupos económicos a la par que se remataban los bienes de estado a precio vil, mientras que todos aquellos que se encontraban bajo el paraguas estatal –en sus diversas protecciones y retribuciones- fueron arrojados violentamente hacia lo que se denominó “la nueva pobreza”, una franja considerable de población económicamente activa que se centrifugó sin muchas posibilidades de reinserción y ninguna de movilidad ascendente.
Sin embargo, incluso en ese contexto, el territorio permanecía bajo una lógica relativamente homogénea de soberanía. Las reglas podían cambiar, los actores podían modificarse, pero el Estado seguía operando como marco general. Había pérdida de herramientas, pero no una fragmentación explícita del control territorial. Este primer Consenso, por el momento, se enfocaría en la apropiación de bienes y capitales.
El Consenso de los Commodities: intensificación extractiva
Con el cambio de siglo, América Latina experimentó un nuevo ciclo, asociado al auge de los precios internacionales de materias primas. El Consenso de los Commodities reorganizó la inserción regional en torno a la exportación de recursos naturales como la soja, minerales e hidrocarburos, fenómeno que marcó la reprimarización de toda una región, un retorno forzado a las actividades primarias como único factor posible de abastecer las arcas del Estado. Visto de otra forma, el Consenso de Washington generó las condiciones para que la única manera de desatascar los engranajes de la crisis regional fuera un castigo implícito para aquellos países que habían osado industrializarse, comenzar a desarrollarse y, por ende, competir.
Este período combinó, en países como Argentina, crecimiento y desarrollo socioeconómico con una expansión del extractivismo. El territorio adquirió un nuevo protagonismo como base material de acumulación, si bien las lógicas del capitalismo neoliberal globalizado comenzaron a optimizar espacios y, en consecuencia, a favorecer unos en perjuicio de otras. Regiones específicas se integraron dinámicamente al mercado global, mientras otras quedaban (y quedaron) relegadas. El Estado recuperó cierto margen de acción, ya sea mediante captación de renta, regulación o participación directa. Pero esa recuperación convivía con una dependencia creciente de la demanda externa, de los precios internacionales y fundamentalmente, de la necesidad continua de producir para enmascarar la diferencia del valor agregado, algo que bien había analizado Prebisch al plantear la teoría del deterioro de los términos de intercambio.
Los países periféricos –dentro de los cuales entra nuestra región y por supuesto Argentina- se volcaron por completo a la explotación de sus materias primas, intensificando vía aditivos o mediante la incorporación de tecnologías capital-intensivas de inusitada agresión ambiental –como el fracking-e impactos tan irreversibles como incontrolables, aun a riesgo de agotar suelos, destruir paisajes y transformar modelos productivos en pos de una exportación más rentable –como el caso del valle frutihortícola de Neuquén y Río Negro, en plena transición a un inhóspito valle hidrocarburífero “gracias” a Vaca Muerta-. El cortoplacismo le comenzó a ganar a la planificación por primera vez en lo productivo. Pero recordemos: el capitalismo siempre busca más.
Financiarización: cuando todo se vuelve variable de ajuste
En las últimas décadas, una transformación más silenciosa comenzó a consolidarse. La lógica financiera dejó de ser un componente específico del sistema económico para convertirse en su principio organizador. Autores como David Harvey han señalado cómo la acumulación contemporánea se apoya cada vez más en mecanismos financieros, donde la deuda ocupa un lugar central. Ya no se trata únicamente de producir y exportar, sino de gestionar flujos, riesgos, expectativas. En este marco, la deuda deja de ser una herramienta ocasional y pasa a funcionar como condición permanente en todas las escalas de análisis.
Desde los Estados hasta los individuos administran compromisos a largo plazo en un entorno de incertidumbre constante, donde las decisiones inmediatas suelen estar subordinadas a exigencias externas, donde la asunción de estas exigencias suele ser sinónimo de éxito o fracaso de los actores intervinientes, y donde la lógica predominante es, precisamente, una sobrecarga de obligaciones en plazos variables cuya garantía de pago implica mayores exigencias. Para un individuo, esta dinámica se traduce en un variado repertorio de trabajos que –a veces- incluso pueden incorporar la venta o el empeño de un bien para aliviar la presión sin terminar de eliminar la situación por completo. Para un Estado, esta dinámica tiene una consecuencia clave: expande el universo de aquello que puede ser utilizado como garantía, respaldo o incentivo.
De esta forma, la infraestructura, recursos naturales, el patrimonio cultural, los marcos regulatorios, la estabilidad jurídica, todo entra en el cálculo. Incluso el territorio.
El consenso de la fragmentación
Es en este punto donde comienza a delinearse lo que podemos denominar un consenso de la fragmentación. Si retomamos la idea de angostamiento, crisis, transformación y nueva expansión, pensar en esta conceptualización resulta más sencillo, ya que emerge como alternativa a los propios límites de los consensos previos: cuando los ritmos del ajuste sobre lo público ya no alcanzan para sostener las cuentas y cuando la reprimarización de la economía muestra signos de agotamiento como garantista, se vuelve necesario ampliar el repertorio. Hace falta más, y más rápido. Y ese “más” no es abstracto. En el vértigo de acumulación por desposesión, el peso recae directamente sobre el territorio, sus regulaciones, sus recursos, sus formas de organización y su mismo control soberano como obstáculos a vencer para asegurar la financiarización (ni siquiera pensar en redistribución) de las arcas del Estado.
En la Argentina contemporánea, este Consenso presenta múltiples indicios: en la cima de la montaña, el realineamiento con los organismos financieros internacionales, con EEUU y su aliado estratégico Israel como parámetro para todo lo demás. Debajo, las transformaciones estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que además de reducir capacidades estatales erosionan progresivamente las bases materiales y simbólicas de la identidad territorial. Más abajo todavía, la redefinición de marcos normativos, la desarticulación de organismos, la flexibilización de controles y la priorización de lógicas de mercado por sobre criterios de integración, que configuran un escenario donde el territorio deja de ser un espacio común para convertirse en un conjunto de unidades potencialmente negociables. En lo más profundo de todo, en los cimientos de la construcción del consenso, la legitimación de todo este proceder construida a fuerza de un flooding de hashtags, fake news, posverdades y otros variados recursos que se construye entre las redes (principalmente) y los medios de comunicación (hoy por hoy en segundo orden). En este contexto, la fragmentación deja de ser un efecto para convertirse en posibilidad. De la posibilidad al acto en potencia nos separa una mera formalidad.
RIGI y Super RIGI: llorar la biblia junto al calefón
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —y su posible profundización en un “super RIGI”— sintetiza esta lógica. Bajo la promesa de atraer capitales, se habilitan condiciones de excepcionalidad que tensionan el entramado normativo vigente: beneficios fiscales extraordinarios, estabilidad jurídica extendida, marcos regulatorios específicos y mecanismos particulares de resolución de conflictos. Estas herramientas nos muestran una mutación en la forma de intervención estatal, puesto que este –como administrador de emergencias y compromisos financieros- habilita espacios donde o bien la soberanía se ejerce de forma selectiva o bien, en más nefasto de los casos, se cede al peor postor.
Pero hay un elemento adicional que vuelve este proceso aún más significativo. Si el RIGI se erguía sobre la intensificación y la apropiación de áreas y actividades extractivas tradicionales, el eventual “Súper RIGI” se solapa y proyecta sobre infraestructuras clave del capitalismo contemporáneo, como las granjas de datos que sostienen la economía digital. En este punto, la fragmentación territorial se articula directamente con el giro virtual del capital: territorios específicos son acondicionados para alojar infraestructuras que, aunque operan en el plano de lo inmaterial —datos, plataformas, circuitos financieros—, dependen de enormes consumos energéticos, disponibilidad de agua, estabilidad normativa y condiciones territoriales excepcionales.
De este modo, lejos de existir una ruptura entre el capitalismo “tradicional” y sus nuevas expresiones digitales, lo que se observa es una convergencia. La minería, la energía y la explotación de recursos conviven con centros de datos, servidores y plataformas, todos ellos anclados en territorios que son reconfigurados para garantizar su funcionamiento. La fragmentación, en este sentido, permite tanto la extracción de materias primas, como también la instalación de infraestructuras que sostienen la infraestructura invisible del capitalismo contemporáneo, ambas en un formato de enclave extractivo con regulaciones específicas. Territorios físicos y territorios virtuales dejan de ser esferas separadas para convertirse en partes de un mismo dispositivo de acumulación.
La idea de fragmentación y sus tipos de configuraciones encuentra antecedentes en experiencias recientes a escala global. Los procesos abiertos tras la Primavera Árabe permiten observar cómo, en contextos de debilitamiento estatal, la fragmentación territorial puede convertirse en una condición funcional para la reconfiguración de circuitos de acumulación. Lo que en un primer momento emergió como demanda de transformación política derivó, en varios casos, en escenarios donde la pérdida de cohesión territorial y la proliferación de áreas de control difuso facilitaron la intensificación de dinámicas extractivas y la intervención de actores externos. La fragmentación, lejos de ser un accidente, operó como un terreno fértil para nuevas formas de apropiación que se vio poblado por la violencia adopta múltiples formas. A los conflictos abiertos —guerras civiles, disputas étnicas o religiosas— se suman dinámicas más difusas pero igualmente persistentes: desposesión, precarización, expulsión, pérdida de horizontes. Pensar estos antecedentes no implica necesariamente establecer equivalencias lineales, más bien busca reconocer una tendencia: cuando los mecanismos tradicionales de acumulación resultan insuficientes y las estructuras estatales se debilitan, el territorio se convierte en una variable de ajuste y en un espacio de experimentación.
Es en esa convergencia -entre los límites del ajuste y la reprimarización, entre las transformaciones estructurales del presente y las nuevas demandas del capital global- donde el consenso de la fragmentación adquiere sentido como una forma emergente de organizar la relación entre capital, Estado y territorio, y que pone en debate abierto la fragmentación formal como recurso disponible de un país, algo inédito en la historia reciente.
Una pregunta surge, tan poderosa como difícil de reconocer: ¿cuán lejos estamos hoy, entre RIGI, Super RIGI, endeudamientos varios, concesión de patrullaje del Mar Argentino como bien común y un sinnúmero de acuerdos perjudiciales más, de empezar a fragmentarnos como condición de financiamiento y compromiso de pago?
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