El aula como territorio y el territorio como aula
En la Argentina, hablar de geografía y de ambiente en las escuelas implica necesariamente hablar de fumigaciones que envenenan, enferman y matan, de incendios que arrasan bosques nativos, de ríos y arroyos contaminados en las grandes ciudades, de humedales rellenados para negocios inmobiliarios, de basurales, de inundaciones, de minería a cielo abierto que privatiza y contamina el agua, de glaciares amenazados por proyectos extractivos que esperan ansiosos la derogación de la ley que los protege, y de un sinfín de conflictos que sería larguísimo desarrollar acá.
Desde esta perspectiva, el aula se convierte (¿se debe convertir?) en una extensión del territorio. El aula como territorio y el territorio como aula, donde se pregunte lo que incomoda preguntar:
- ¿Quiénes se benefician y quiénes pierden con el modelo productivo extractivo vigente?,
- ¿Qué impacto tienen estos conflictos sobre la salud, el trabajo y la vida cotidiana de las comunidades?,
- ¿Qué voces son sistemáticamente silenciadas y por qué?,
- ¿Qué rol cumple el Estado, y deja de cumplir con su ausencia?
- ¿Qué intereses económicos se esconden detrás de discursos que se presentan como “técnicos” o “inevitables”?,
- ¿Qué futuro ambiental se está construyendo —y para quiénes— con las decisiones del presente?
Posicionarse en la EAI supone reconocer que los saberes no están sólo en los manuales, en la ciencia o en la universidad, sino también en las luchas socioambientales, en las organizaciones comunitarias y en la experiencia de quienes habitan los territorios sacrificados y afectados.
En un contexto de avance del extractivismo y mercantilización de la naturaleza, esta mirada resulta profundamente disruptiva: estamos hablando de formar sujetos capaces de comprender que los conflictos ambientales no son “accidentes”, sino consecuencias de decisiones económicas y políticas concretas e intencionadas.
La escuela como espacio de disputa cultural y política
Cada vez que elegimos qué enseñar, cómo hacerlo y desde qué enfoque, los docentes estamos decidiendo, por acción u omisión, en qué paradigma nos posicionamos y qué tipo de sujetos queremos formar. En estos tiempos, la escuela se convierte en un territorio donde se confrontan, a diario, dos proyectos de país bien diferenciados: uno que concibe al ambiente como bien común y otro que lo reduce a un recurso explotable. La EAI le asigna a la educación un rol central en esa disputa, al promover una formación crítica, transversal y comprometida con la justicia ambiental.
En tiempos de imposición del liberalismo como horizonte casi único, la escuela aparece como uno de los últimos espacios capaces de cuestionar el individualismo extremo, el negacionismo climático y la desresponsabilización del Estado, algo que, en general, ni las pantallas de televisión ni las redes sociales hacen. Esto representa un doble desafío: discutir y romper los discursos hegemónicos por un lado, y reconocer al mismo tiempo que un buen número de las y los jóvenes con quienes trabajamos todos los días adhiere y defiende el discurso individualista, privatista y anti Estado que “baja” desde “la política”. Todo esto, sin perder de vista que el aula tiene que ser siempre un espacio democrático donde las voces de nuestros estudiantes tienen que circular y ser escuchadas y valoradas. Complejo.
Enseñar educación ambiental de manera crítica no es adoctrinar, sino ofrecer herramientas para comprender la complejidad de los problemas y tomar posiciones informadas. No nos comamos el amague: la disputa no es solo entre “ideología” y “neutralidad”, sino principalmente entre una educación que naturaliza la realidad y otra que la problematiza y la quiere cambiar.
Destacar el rol político de la escuela implica también revalorizar la tarea docente. Somos las y los docentes quienes, muchas veces en condiciones adversas, debemos sostener prácticas pedagógicas que interpelen el sentido común hegemónico y habiliten preguntas valiosas. En ese gesto cotidiano —cuando se discuten las fumigaciones, los incendios o la minería— la escuela se transforma en un territorio de resistencia y construcción democrática.
El proyecto educativo del liberalismo
El avance de la educación ambiental integral desde la promulgación de la ley en 2021 chocó de frente con el proyecto político que hoy gobierna la Argentina. El propio presidente Javier Milei ha descalificado de manera sistemática a la agenda ambiental, presentándola como un obstáculo para el crecimiento económico. No tengo claro si esto lo hace de manera calculada, intencional y provocativa, o simplemente por ignorancia, lo cierto es que esos mensajes, lanzados desde el mismísimo poder ejecutivo, legitima un modelo de explotación intensiva de los bienes comunes. Es cortarle el pasto bien cortito a la cancha y dejarla servida para el capital privado, que sabe jugar muy bien en esas condiciones, que se sabe en “superioridad numérica” y que buscará sacar ventaja a toda costa.
Desde esta lógica, el ambiente se reduce a una variable económica más y la educación queda subordinada a los intereses del mercado. Funcionarios del actual gobierno han insistido en que el Estado no debe intervenir ni regular actividades productivas, incluso cuando estas pueden generar daños irreversibles. El propio presidente, que no fue a las zonas afectadas por los recientes incendios en el sur, tuvo que crear una imagen con IA para “agradecerle” el trabajo a los brigadistas. Insólito.
En ese marco, una educación ambiental integral, crítica y situada resulta incompatible con un discurso que promueve la desresponsabilización estatal y la naturalización del daño ambiental como “costo” del progreso. De un progreso que, además, es para pocos, donde los ricos comen siempre pan y los pobres siempre mierda mierda.
La disputa, entonces y como siempre, no es sólo ambiental sino profundamente política y pedagógica. Negar el cambio climático, minimizar las fumigaciones o relativizar la intencionalidad de los incendios implica también disputar qué conocimientos son válidos y deben ingresar a la escuela, y cuáles deben ser excluidos.
La educación ambiental integral, en este contexto, se debe convertir en un forúnculo incómodo para un proyecto político que necesita aulas despolitizadas, saberes fragmentados, y sujetos formados para mirar y describir, y no para analizar y cuestionar.
Desfinanciamiento y vaciamiento: los desafíos de la formación docente en educación ambiental
Uno de los principales desafíos para la implementación efectiva de la educación ambiental integral en 2026 es el desfinanciamiento de los programas de formación docente. La ley establece con claridad que el Estado debe garantizar instancias de capacitación permanente, gratuita y de calidad. Sin embargo, en el contexto actual, asistimos al recorte o paralización de programas nacionales, la discontinuidad de líneas de formación y la transferencia de responsabilidades sin recursos a las provincias.
Al desfinanciar la formación docente, se ataca intencionalmente la capacidad del sistema educativo para abordar los conflictos ambientales desde una perspectiva crítica. Se promueve, en su lugar, una versión “verde” de la educación ambiental, reducida a efemérides, acciones simbólicas o recomendaciones individuales que, por supuesto, es más sencilla de implementar.
En un escenario de ajuste y precarización laboral, exigir a las y los docentes (muchos de los cuales se encuentran bajo la línea de la pobreza, en especial en nivel inicial y primario) que implementen la EAI sin herramientas ni acompañamiento, es una forma encubierta (y no tanto) de deslegitimarla.
Últimas palabras
La educación ambiental no puede ni debe adaptarse a este clima de época: su potencia radica, precisamente, en incomodar, en preguntar lo que se pretende naturalizar y en formar sujetos capaces de leer el mundo para transformarlo. Leer el mundo con ojos ambientales.
Porque cuando la patria se entrega como se está entregando, la educación tiene que ser sinónimo de resistencia. Porque cuando la escuela renuncia a pensar críticamente el territorio que habita, se convierte en una pieza más de un engranaje que legitima el saqueo, la desigualdad, la destrucción y la injusticia social y ambiental. Y, como docentes comprometidos por el derecho a la educación de calidad de nuestras y nuestros estudiantes, eso es algo que no podemos permitir.
